La
suscrita ANGÉLICA DE LA
PEÑA GÓMEZ, Senadora de
la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción
II, 95, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República,
para efecto de que sea considerado como asunto de URGENTE
RESOLUCIÓN someto a
la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO CON RELACIÓN AL REPORTE SOBRE DISCRIMINACIÓN 2012,
REALIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN,
al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES.
El
pasado miércoles 24 de octubre, el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación presentó el Reporte sobre Discriminación en México
2012. Se trata de un estudio que en coordinación con el CIDE señala
las diversas circunstancias y tipos de discriminación que se
registran en todo los ámbitos en nuestro país.
Dicho
Reporte abarca los procesos discriminatorios que cotidianamente
ocurren en la interacción social como son la justicia penal, la
justicia civil, el campo de la salud, la alimentación, el ámbito
laboral, las libertades de conciencia, el ejercicio de los derechos
políticos, el acceso a la información, la libertad de expresión,
el acceso a crédito y la educación.
Se
trata de aspectos donde cotidianamente se produce y reproduce la
discriminación y que afectan a personas específicas que, por lo
general pertenecen a sectores susceptibles de ser excluidos como son
las mujeres; los indígenas; niñas, niños y adolescentes; personas
adultas mayores; personas con discapacidad; trabajadoras domésticas;
minorías religiosas; personas de la diversidad o migrantes.
Si
persiste la discriminación es porque
está muy enraizada en las estructuras sociales, políticas,
económicas, culturales, jurídicas, estéticas, y esto exige
conocer, visibilizar, mapear, graficar y relacionar esas estructuras,
para dimensionar la magnitud de los problemas alrededor de la
discriminación, desentrañar la trama de sus interrelaciones y así
poder contar con herramientas idóneas para diseñar y definir
políticas públicas incluyentes que atajen efectivamente las
injusticias de la exclusión.
Este
Reporte intenta responder
algunas preguntas sobre el fenómeno de la discriminación,
valiéndose del análisis de procesos que suelen afectar los derechos
de ciertos grupos sociales. En tal sentido, explora la materia de que
está hecho este candado social que coloca privilegios de un lado y
exclusión del otro; asimismo, orienta sobre el alcance de la futura
agenda por la igualdad de trato que el país y nuestra sociedad.
A
manera de síntesis parte importante de este Reporte lo podemos
ubicar en los siguientes puntos:
1.
El primero de los reportes se refiere a los diversos procesos del
derecho civil
en los que se reflejan una disminución de los derechos en lo
relativo al nombre y la capacidad jurídica, aspectos relativos al
derecho familiar, matrimonio, filiación y divorcio. Destaca de
manera particular la
difícil situación que atraviesan las comunidades indígenas en esta
materia y lo difícil que ha resultado entender la evolución que los
procesos y estructuras familiares han venido desarrollando de acuerdo
a las realidades sociológicas de nuestro tiempo.
El
informe señala que el
derecho civil es un instrumento fundamental cuando sirve para
garantizar las prerrogativas del ser humano; sin embargo, también
puede ser factor del cierre social cuando, dentro de su ámbito de
influencia, las personas ven lesionados sus derechos fundamentales,
entre otras razones, por prejuicios, inadecuación normativa,
ineficacia o lentitud procesal.
El derecho civil es la
herramienta con la que cuentan las personas para protegerse de la
injusticia si las mecánicas o los procesos discriminatorios se
disponen, por ejemplo, para arrebatarles el derecho al nombre, para
lesionar su capacidad jurídica, para vulnerar las potestades
inherentes a la familia o el matrimonio, para afectar
injustificadamente la patria potestad, la guarda o la custodia de
niñas, niños y adolescentes o para proceder arbitrariamente frente
a la adopción. Conforme las sociedades evolucionan, estos y otros
temas preciados para el derecho civil tienden a necesitar una puntual
revisión.
Podemos destacar los
casos en los que hoy todavía son muchas las personas pertenecientes
a distintos grupos en situación de discriminación que siguen
padeciendo una disminución sistemática frente al derecho y la
justicia civil. Es el caso de las personas del mismo sexo que deciden
hacer vida conyugal, de las personas con discapacidad mental cuando
se conculca injustificadamente su capacidad jurídica, el de los
niños y niñas que son despojados de sus potestades mínimas,
etcétera. Toda persona debe gozar de los denominados atributos de la
personalidad: nombre, capacidad jurídica, domicilio, nacionalidad,
patrimonio y estado civil. Estas son prerrogativas que el derecho
identifica como rasgos esenciales de cada ser humano, ya que
condicionan el ejercicio de varias otras potestades fundamentales. En
ellas hay elementos relacionados con la decisión libre de las
personas que, a su vez, dependen de la intervención del Estado para
concretarse.
Hay en el Reporte temas
específicos dentro del desarrollo del derecho familiar que deben
abordarse con una perspectiva de no discriminación, es decir,
tratando siempre de visibilizar a quienes son afectados por la sola
aplicación de la ley. En este orden de ideas, la institución del
matrimonio, tan ligada al concepto de la familia, merece atención,
lo mismo que el divorcio, pues éste puede conducir a diversas formas
de la desigualdad. Algo similar ocurre con instituciones como la
patria potestad, la guarda y custodia o la adopción, que tanto
impacto tienen sobre el desarrollo pleno de las niñas y los niños.
Asimismo,
se
analizan el nombre y la capacidad jurídica, entendidos como
presupuestos del ejercicio de otros derechos. En segundo lugar se
aborda el derecho familiar, el matrimonio, la filiación y el
divorcio. Más adelante, se revisan algunas consideraciones en torno
a la justicia civil y los retos que ésta enfrenta en el presente.
Por último, se presenta una serie de recomendaciones y criterios
relativos a la agenda de la lucha contra la discriminación en el
campo del derecho
Civil.
2.
Con relación al Reporte
relativo a la Justicia Penal
se destaca que no hay
Estado de derecho que pueda ser considerado como democrático cuando
se brindan privilegios en función de la posición social, la
riqueza, el color de la piel, el sexo y los demás marcadores que, en
este campo como en tantos otros, juegan contra la mayoría de las
personas. El Reporte revisa la percepción que la población mexicana
tiene a propósito de la procuración y la administración de la
justicia, así como los valores que imperan a propósito del
ejercicio de los derechos. También se ponderan las actitudes
generales que el miedo a la inseguridad ha impuesto al tejido social
mexicano. Prácticamente todo el Reporte demuestra que entre las y
los mexicanos se desconfía de la justicia penal porque se asume que
los ingresos de la persona son clave para obtener satisfacción y que
la ineficiencia y corrupción que laceran el proceso penal van desde
el tramo que corresponde a los aparatos policiales hasta el que
corresponde al sistema de readaptación social, pasando por el papel
desempeñado por los ministerios públicos y por los juzgados
responsables de esta materia.
Es
en el
ámbito penal, quizá donde más que en ninguna otra geometría del
derecho, se hace evidente la manera como operan los prejuicios y las
conductas discriminatorias. Suelen potenciarse la incomprensión, la
intolerancia y el castigo imperantes en las sociedades que no han
logrado acomodar sus diferencias. Acaso por esta lógica las personas
que arresta la policía, las que atraviesan por el proceso penal o
aquellas que terminan recluidas en las cárceles suelen, con
demasiada frecuencia, cargar con los mismos estigmas o marcadores
sociales. El proceso penal termina siendo una fotografía magnificada
de lo que ocurre en la sociedad; ejemplo palmario del cierre social y
su capacidad ilimitada para excluir.
Este Reporte explora la
explora la manera en que las mujeres y otros grupos en situación de
vulnerabilidad son sistemáticamente despojados de sus derechos y,
por lo tanto, de su acceso a la justicia. Para comprender la mecánica
discriminatoria se observarán las conductas criminalizadas, el
perfil de las personas privadas de la libertad y los delitos
supuestamente cometidos, las penas que se imponen, así como el trato
que reciben las víctimas por parte de las distintas instancias del
Estado en su pretensión punitiva de proteger y castigar.
Se hace evidente que aún
no se han superado antiguas formas de operar basadas en ideas
preconcebidas acerca del género, la sexualidad y los estereotipos
sobre los “culpables”; con una incomprensión profunda sobre
quiénes son las verdaderas víctimas y cómo tratarlas, y con una
impericia en las capacidades técnicas que impide, a pesar de las
fuertes inversiones presupuestales, que se alcancen los resultados
deseados.
La
preocupación real de la población a propósito de la inseguridad
suele convertirse en moneda de cambio político para justificar la
multiplicación de las áreas grises en lo que se refiere a los
derechos humanos. A manera de ilustración, en México aparece el
caso del arraigo, figura contraria a las disposiciones
internacionales en materia de derechos humanos que, sin embargo, ha
sido incluida en el texto constitucional con el propósito de
encontrarle arbitrariamente acomodo legal. Esta figura permite
detener a una persona por periodos que pueden ser de varios meses
consecutivos, sin que medie proceso penal formal para investigarla.
El arraigo en sí mismo, como privación ilegal de la libertad, es
una violación a los derechos humanos. Abre además la puerta a la
tortura y deja a la persona detenida en manos de la autoridad
investigadora.
Otro obstáculo que
detecta el Reporte es el relativo al traslado a los tribunales. No
solamente se trata de una limitante en términos de transporte, que
sin duda es significativo para quienes menos ingresos perciben, sino
también del costo relativo en tiempo debido a las zonas distantes
donde se encuentran algunos de los tribunales, el cual se señala que
“mientras que 61 y 62 por ciento de las personas encuestadas con
niveles educativos universitarios responde que el traslado a
tribunales es sencillo, tan sólo 29 por ciento de quienes tienen
secundaria incompleta respondieron de la misma forma, y 18 por ciento
de ese mismo grupo respondió que el traslado a tribunal fue muy
difícil”.
La falta de acceso a la
justicia por cuestiones de ingreso y condición social no es la única
que finca percepciones negativas respecto al sistema de justicia en
México. De manera general, los datos revelan que gran parte de la
sociedad considera que no funciona bien la justicia, y esto se
atribuye principalmente a la corrupción y la ineficacia de las
autoridades.
3.
En lo referente al Reporte
sobre Salud y Alimentación,
se advierte sobre la emblemática desarticulación entre los
distintos componentes del sistema de salud y que es causa fundamental
de la desigualdad por la falta de una visión racional e
integral de la política dispuesta para proteger a las poblaciones
más vulnerables. Hoy en México, la salud es un bien que todavía
se obtiene de manera desigual, pues varía si la persona que lo
requiere es mujer, joven, persona con discapacidad, transexual,
adulto mayor o posee cualquiera de las características que suelen
detonar la discriminación. Hoy en México existen al menos 37
millones de mexicanas y mexicanos manifiestan aún no tener acceso a
ninguno de los sistemas existentes de salud.
Este
reporte señala que a la hora de revisar las mecánicas o procesos
que reproducen desigualdad de trato en el campo de la salud fue
necesario considerar las transiciones demográficas y epidemiológicas
por las que está atravesando el país. Ambos hechos tienen
derivaciones que no han sido suficientemente estudiadas para prevenir
un futuro riesgoso e inequitativo. Por un lado, la transición
demográfica anuncia un crecimiento de la población joven que, en la
actualidad, por carecer en su mayoría de un empleo formal, se
encuentra en circunstancias indeseables de vulnerabilidad. También
incorpora la preocupación que significará en las décadas por venir
la desprotección de un número creciente de adultos mayores, quienes
se verán en una circunstancia precaria si el sistema de salud
pública no ofrece una amplia gama de protecciones, sobre todo en
relación con los riesgos que implican los gastos catastróficos. Lo
mismo ocurrirá en el terreno de la atención y los tratamientos, que
ciertamente pueden implicar mayores gastos. Solo un sistema de
salud coherente y bien organizado –con capacidad de planear y
adaptarse en el mediano y largo plazo– podrá asegurar un trato
igualitario para las y los mexicanos.
Asimismo
el reporte señala sobre
la necesidad de crear un sistema universal de salud pública,
financiado con recursos fiscales, capaz de resolver las grandes
deficiencias generadas por la mencionada fragmentación del
sistema de salud y también por las características del mercado
laboral mexicano. Es premisa principal de este texto la urgente
desvinculación entre el ejercicio del derecho a la salud y la
posesión de un puesto formal de trabajo. Esto tiene que ver con el
crecimiento notable de la población trabajadora que se encuentra
ocupada dentro del sector informal.
Con
relación a la Alimentación, el Reporte señala que ésta,
por sí sola, no es suficiente para garantizar una nutrición
adecuada. Depende también de un contexto favorable a propósito de
la salud, la educación o las oportunidades garantizadas para las
personas en situación de vulnerabilidad. En consecuencia, deben
contar con programas, políticas, acciones e instituciones dispuestos
para mejorar la producción, la conservación y la distribución de
los alimentos, así como para educar en los principios de la mejor
nutrición posible para los seres humanos. Señala el Reporte que una
democracia que no ha resuelto el hambre de todas y todos sus
gobernados está condenada a deteriorarse. La discriminación, el
intercambio de favores inaceptables por sufragios manipulados y el
clientelismo a partir de los alimentos son algunas de las
consecuencias previsibles cuando una comunidad política no ha
logrado garantizar este derecho fundamental.
El
derecho a la alimentación se conecta con otros derechos y, a su vez,
tiene un impacto relevante en el desarrollo humano. El hambre o la
desnutrición afectan directamente el derecho a la vida y también
influyen sobre el ejercicio de los derechos a la salud y a la
educación. No puede asegurarse una nutrición saludable si no se
cuenta antes con el derecho al agua; también la posesión de una
vivienda digna, propia o rentada, influye en la calidad nutrimental
de la persona. Al mismo tiempo, el derecho al trabajo bien remunerado
es esencial para que la persona pueda hacerse de los medios a la hora
de nutrir a su familia. El derecho a la información es igualmente
clave: ¿Cómo podría un ser humano discernir entre nutrientes o
interactuar en el mercado para conseguir productos a un precio justo,
si la información es tergiversada o negada en perjuicio de las y los
consumidores? Particular atención merecen a este respecto las y los
niños que son abusados laboral y sexualmente, cuando actores
arbitrarios utilizan su hambre como instrumento de coerción.
Por
tanto, para que el
ejercicio pleno del derecho a la alimentación ocurra habrá de
observarse el esquema de producción y distribución, esto quiere
decir la disponibilidad de los alimentos; también la calidad y
aprecio que las poblaciones muestren hacia ellos, entendido como
aceptabilidad,
y las condiciones físicas y económicas para obtener los nutrientes,
es decir, la accesibilidad.
Sin embargo, la
desigualdad en el ingreso impacta sobre la canasta básica a la que
tiene acceso quien se encuentra excluido del derecho a la
alimentación. En México, las Encuestas Nacionales de Ingreso Gasto
en los Hogares, realizadas por el INEGI muestran que el consumo de
carbohidratos, calorías y grasas es significativamente más elevado
en los deciles más pobres y, en el mismo sentido, que las proteínas
consumidas por esta misma población muestran un rango muy inferior
si se comparan con el consumo de los deciles más elevados.
Una segunda barrera de
entrada al acceso de productos nutrimentales en México es la
precaria infraestructura que prevalece en las comunidades rurales más
alejadas. Las características orográficas del país requieren un
mejor sistema de abasto que no imponga costos elevados –ocasionados
por el precio del transporte de alimentos. Este hecho condena
obviamente a sus poblaciones, que tienen una importante cantidad de
personas indígenas. Con datos del CONEVAL del 2010 se argumenta que
los mayores niveles de desnutrición aparecen en las comunidades cuya
población es menor a cinco mil habitantes, las cuales coinciden en
mostrar carencias graves en cuanto a las vías de comunicación.
Una
tercera barrera es la que se refiere a la concentración de ciertos
mercados, donde sólo pocos agentes participan en la provisión de
bienes y servicios. En efecto, la competencia en los mercados del
maíz, los refrescos, los jugos, el agua, los medicamentos, la leche,
la carne procesada, el pollo y el huevo, suele ser de naturaleza
oligopólica. Esta circunstancia contribuye a elevar el costo de la
alimentación, sobre todo entre las poblaciones más pobres del país.
Tradicionalmente son las mujeres quienes han padecido mayor exclusión
en el acceso a los nutrientes. Es así, en parte, por la tradición
cultural, que quiere ofrecer los mejores alimentos al varón y
también porque los ingresos con los que cuentan las mujeres, sobre
todo aquellas que se encuentran solas (madres solteras, adultas
mayores, viudas), tienden a ser menores. A lo anterior se añade que
las mujeres han permanecido marginadas en la posesión de los medios
de producción –capital y tierra– y, por lo tanto, resulta
doblemente difícil para ellas procurarse una circunstancia de
autonomía alimentaria. Este hecho provoca, además, una condición
asimétrica de poder frente a los varones de cada familia.
El
Reporte sobre discriminación 2012 sin duda es un instrumento
importante para reflexionar e impulsar políticas públicas de aquí
a muchos años ya que aterriza en una serie de recomendaciones de
acciones legislativas y políticas públicas encaminadas a erradicar
la discriminación, por tanto y en merito de lo expuesto someto a la
consideración del Pleno la siguiente proposición con:
PUNTO
DE ACUERDO.
ÙNICO.
La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión con absoluto
respeto a la división de poderes y al Federalismo hace un atento
exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los gobernadores de
las entidades federativas, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
a los treinta y un Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal a tomar en consideración en el ámbito de sus
respectivas competencias las recomendaciones contenidas en el Reporte
sobre la Discriminación en México 2012.
SENADORA
ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ.
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