Senado exhorta a tres niveles de gobierno para erradicar discriminación

• Angélica de la Peña propone acatar recomendaciones del Reporte sobre Discriminación 2012 de Conapred
• Urgente resolver fenómeno de discriminación

A propuesta de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, el Pleno de la Cámara Alta hizo un exhorto al titular del Ejecutivo federal, a los gobernadores de las entidades federativas, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como a los 31 Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a tomar en consideración las recomendaciones realizadas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en su Reporte sobre la Discriminación en México 2012.

Asimismo, exhortó a todos los niveles de gobierno a tomar las medidas que sean necesarias para que pueda resolverse el fenómeno de la discriminación tomando en consideración todos los preceptos que se contemplan en el trabajo presentado por CONAPRED en coordinación con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el pasado 24 de octubre.

La legisladora del PRD señaló que dicho reporte que contempla diversos libros sobre trabajo, salud y alimentación; proceso penal y civil, y que surge también de las distintas organizaciones de la sociedad civil, “nos remite a que pongamos un gran alto en el camino para que podamos analizar y decidir con mayor puntualidad qué políticas y acciones gubernamentales tenemos que emprender para la erradicación de la discriminación”.

Este reporte intenta responder algunas preguntas sobre el fenómeno de la discriminación, valiéndose del análisis de procesos que suelen afectar los Derechos Humanos de ciertos grupos sociales. En este sentido, dijo, “explora la materia de la que está hecho este candado social que coloca privilegios de un lado y exclusión del otro; además de que orienta sobre el alcance de la futura agenda por la igualdad de trato en el país y de la sociedad”, expresó.

De la Peña Gómez señaló que si existe la discriminación es porque está enraizada en las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales, jurídicas de nuestro país, ante lo que se exige “conocer, visibilizar, mapear, graficar, relacionar, metodológicamente y científicamente estas estructuras”, a fin de dimensionar la magnitud del problema, para poder así contar con las herramientas idóneas para diseñar y definir políticas públicas incluyentes que resuelvan la situación irregular de los grupos excluidos.

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