Reforma al artículo 1º constitucional, sería retroceso en Derechos Humanos

• Tratados internacionales sobre DDHH que México aprobó no entran en contradicción con la Constitución
• Tienen que continuar reformas que garanticen el Principio Pro Persona

Es un retroceso en materia de Derechos Humanos reforma al artículo 1º constitucional propuesta por el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, expresó la Senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.

“Sorprende que habiendo sido uno de los legisladores que apoyó las reformas en 2011 en su carácter de senador, hoy esté planteando una reforma que se contrapone a lo que México ya ha avanzado y que tenemos que seguir trabajando por el camino delineado por las distintas organizaciones de Derechos Humanos nacionales como internacionales y por supuesto, desde los congresos”, señaló De la Peña Gómez.

La reforma presentada por el diputado priista el 3 de enero, propone reformar el segundo párrafo del artículo 1º constitucional para establecer que “de existir una contradicción de principios entre la Constitución y los tratados internacionales, deberá prevalecer el texto constitucional”.

La senadora del Partido de la Revolución Democrática, resaltó que “es importante refrendar el gran avance que ha tenido la reforma de junio de 2011 en materia de Derechos Humanos, porque refrenda en el marco jurídico fundamental la protección y garantía de los Derechos Humanos en nuestro país, en función del principio convencional. Es decir, que los tratados internacionales sobre Derechos Humanos que México ha aprobado en término del artículo 76 constitucional, no entran en contradicción con la Constitución sino que constituyen un nuevo paradigma sobre la obligación que México ha adquirido para garantizar su aplicabilidad en todo el país”.

El carácter garantista de la Constitución a partir de esta reforma, “obliga a todo el país a la revisión de todo el marco jurídico fundamental y secundario, y también a la construcción de políticas públicas que tienen que ser evaluadas para refrendar la garantía de los Derechos Humanos vinculantes para el proceso de desarrollo humano”.

Asimismo, recordó que “los congresos locales tienen que continuar las reformas que garanticen el Principio Pro Persona como una interpretación armónica y fundamental de los Derechos Humanos inscritos en la Constitución y en los tratados internacionales, de tal forma que es necesario que no se limiten, no se menoscaben o eventualmente haya una tendencia a anular algunos de ellos”.

Por eso la iniciativa presentada por el diputado Arroyo Vieyra constituye un retroceso a lo que ya establece la Constitución, concluyó.

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