- Presenta Angélica de la Peña iniciativa para derogar el párrafo Octavo del Artículo 16 constitucional.
- De 2008 a 2011, hubo 6 mil 562 personas arraigadas.
Ante las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se cometen al ejercer el arraigo, la senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, propuso eliminar dicha figura de la Constitución, derogando el párrafo octavo del artículo 16.
La senadora expuso que “el bajo nivel probatorio requerido para someter a una persona bajo arraigo ha permitido a las autoridades hacer uso excesivo de dicha figura, violando con ello el principio de legalidad”.
De acuerdo con un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura, de 2008 a 2011, la cifra global de personas arraigadas fue de 6 mil 562, con un promedio de mil 640 personas afectadas al año, y una tasa de crecimiento anual del arraigo en más del 100 por ciento.
Pese a que el mencionado párrafo del artículo 16 constitucional permite ejercer la figura del arraigo solamente en casos de delitos por delincuencia organizada, ésta característica se cumple sólo en el 0.05% de las órdenes de arraigo emitidas, explicó la senadora.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que entre 2008 y 2011 se presentaron 405 quejas por violaciones a los derechos humanos relacionadas con el arraigo; además mostró un incremento en el número de quejas relacionadas con esta figura, pasando de 45 quejas en 2008, a 148 en 2011.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta señaló que diversos organismos internacionales han manifestado no sólo su preocupación por la existencia de la figura del arraigo en la legislación mexicana ya que es “contraria y violatoria de derechos humanos”; sino además, han emitido una serie de recomendaciones tendientes a que sea eliminada.
Apenas el pasado 23 de noviembre el Comité Contra la Tortura de la ONU reiteró su recomendación para que el Estado mexicano elimine de la legislación y la práctica la detención mediante el arraigo, a nivel federal y local.
Ante ello, y “la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de los derechos humanos, que han documentado la existencia de una práctica reiterada de tortura y tratos crueles e inhumanos en los lugares de arraigo; así como, detenciones arbitrarias”, De la Peña Gómez consideró necesaria la eliminación del arraigo del sistema penal, pues es “inconstitucional e inconvencional”.
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